Las mujeres brasileñas hoy migran hacia otros países de América Latina para realizarse abortos legales. Un privilegio de pocas, pues la práctica del aborto inseguro e ilegal sigue siendo una de las principales causas de mortalidad materna en el país y también en Latinoamérica.
A principios de este año, la Organizaciòn Mundial de la Salud (OMS) y la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU lanzaron la Base de Datos de Políticas de Aborto Global, con información sobre leyes, políticas y estándares de salud del aborto en países de todo el mundo. El banco de datos busca promover una mayor transparencia de las leyes y políticas sobre el aborto, así como mejorar la responsabilidad de los países para proteger la salud de las mujeres y niñas, así como los derechos humanos.
“Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades” es el tercero de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Dentro de éste se contemplan diversas metas, una de las cuales es garantizar, para 2030, “acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales”.
Angela Freitas, coordinadora del Frente Contra a Criminalização das Mulheres pela Legalização do Aborto (Frente Contra la Criminalización de las Mujeres por la Legalizaciòn del Aborto), evalúa que, a pesar de las indicaciones mundiales que explican que la legalización del aborto es una necesidad reconocida por organismos de salud y exigida por mujeres de todo el mundo, ha habido un retroceso en los países de Latinoamérica causado por el ascenso de grupos conservadores al poder.
“Existe un movimiento organizado de parlamentarios en diversos países ligados a religiones que han legislado y dificultado el avance de la agenda pro-aborto”, explica Angela Freitas. En Brasil, fueron presentados entre 2018 y 2019, 30 proyectos de ley al Congreso con el objetivo de restringir, dificultar o impedir el acceso al aborto legal. El Frente Parlamentar em Defensa da Vida e da Familia (Frente parlamentario en defensa de la vida y la familia) de la actual legislatura, reúne más de 200 parlamentarios que están claramente contra la legalización del aborto. La mayor parte de ellos vinculados a religiones de diferentes denominaciones, como evangélicos, católicos y espiritistas.
Luciana evalúa que tanto en Brasil como en toda América Latina hay avances y retrocesos desde la Primavera de las Mujeres en 2016. “El hecho es que hubo, desde la primavera feminista latina, una mayor concientización de las pautas y luchas de las mujeres. Y este proceso, en Brasil, llegó a su punto máximo cuando conseguimos una audiencia pública en el Supremo Tribunal Federal (STF) y, en Argentina, cuando fue votada la legalización. Hoy las brasileñas, y las latinas en general, tienen más información”, reflexiona y agrega: “Sin embargo, a fines del 2018, tuvimos la llegada al poder de un gobierno y de un centenar de parlamentarios y parlamentarias de extrema derecha, que marcaron un retroceso en esta lucha que estaba avanzando”. La audiencia pública sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación cumplió un año el pasado mes de agosto.
Según el ginecólogo y ex-viceministro de salud pública en Uruguay, Leonel Briozzo, cuando la ley en Uruguay fue promulgada, América Latina sufrió la influencia de sectores religiosos fundamentalistas y de políticos conservadores. Briozzo apunta como un importante camino la construcción de un espacio de diálogo. “Es necesario unir fuerzas hasta con sectores más moderados”, explica
El caso de Rebeca Mendes Silva fue emblemático en Brasil para retratar la migración en búsqueda del derecho al aborto. En 2017, después de enviar una carta al Supremo Tribunal Federal y recibir la negación de este pedido, promoviendo una red de movilización para sustentar jurídicamente su defensa, Rebeca consiguió realizar su procedimiento en Colombia con nueve semanas de gestación con el apoyo del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (Clacai). En el país donde realizó el procedimiento es permitida la interrupción del embarazo en casos que ponen en riesgo la salud física y/o mental de la mujer, violación y malformación del feto. La posición de Colombia fue considerar legal el aborto para preservar la salud mental de Rebeca.
“Fui parte de un colectivo de abogadas que actuó en el caso para defenderla, pero en esa época, la Ministra Rosa Weber (jueza miembro de la Suprema Corte Federal de Brasil) se opuso con el argumento de que su caso no cuadraba con ninguno de los permitidos en Brasil. Por articulación y solidaridad, Rebeca pudo ir a Colombia donde las leyes son menos rígidas, aunque todavía no sea legal”, señaló Boiteux.
Otra iniciativa muy esperada por las mujeres de Latinoamérica es la propuesta de la ONG Women on Waves, que desde 1999 proporciona a las mujeres de todo el mundo abortos en alta mar en un barco convertido en clínica móvil. Cuando las embarcaciones están en aguas internacionales, se rigen por las leyes del país donde fueron registradas. En Holanda, el aborto es legal durante los primeros tres meses de gestación para todas las mujeres que desean hacerlo. Por lo tanto, este barco de origen holandés realiza abortos en alta mar frente a países donde el procedimiento no es permitido. Women on Waves ya actuó en Irlanda (2001), Polonia (2003), Portugal (2004), España (2008) y Marruecos (2012). En 2008, la organización llegó a planear una campaña para Brasil, pero la dificultad en la logística debido al tamaño del país y la complicada situación legal, impidieron cumplir el objetivo.
En Brasil, la movilización por el Incumplimiento del Precepto Fundamental (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental o ADPF) 442, que cuestiona los artículos 124 y 126 del Código Penal, referentes a la tipificación del aborto como crimen, contó con un fuerte apoyo de mujeres en América Latina, en especial de Argentina y México. La ADPF está en trámite y sostiene que la prohibición del aborto va en contra de preceptos fundamentales de la Constitución Federal, como el derecho de la mujer a la vida, a la dignidad, a la ciudadanía, a la no discriminación, a la libertad, a la igualdad, a la salud y a la planificación familiar, entre otros. En esa misma época, las mujeres brasileñas salieron a las calles para apoyar la ola verde Argentina, en ocasión de la votación de la legalización del aborto en ese país, que finalmente no se aprobó.
“LA ADPF tiene como objetivo ampliar la lucha por los derechos de las mujeres en el Poder Judicial, pues el debate en el Parlamento está muy limitado, mucho más aún con el Congreso vigente. Un año después, luego de ser enviado a la Procuradoria General da República, aún está en suspenso. Hubo una declaración del procurador José Antonio Dias Toffoli que dijo que no interferiría en esto para no generar un conflicto entre el Poder Judicial y el Parlamento”, explica Boiteux.
El 28 de septiembre, en el Día de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, miles de mujeres salieron a las calles a luchar por la despenalización del aborto. Movilizaciones por los derechos reproductivos y por la solidaridad que siguen haciendo ruido en toda América Latina.
*María es un nombre ficticio para preservar la identidad de la entrevistada.
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